ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGENTES LOCALES DE CAMBIO EN GOBIERNO ABIERTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea una visión integral, visibilizando temas prioritarios para el desarrollo sostenible como la desigualdad, instituciones sólidas, democracia y cambio climático. Se trata de una Agenda innovadora que reconoce la relación entre el desarrollo y los temas de paz, seguridad y estado de derecho, como condiciones necesarias para el logro de mejores condiciones de vida. La gobernabilidad democrática es entendida como un fin, pero también como un medio para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De manera específica, el ODS 16 contempla la promoción de sociedades pacíficas con instituciones eficaces, y releva la importancia de la democracia para fomentar el desarrollo sostenible y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Son notorios los avances y esfuerzos realizados recientemente por México en materia de transparencia y participación, derivados tanto de una mayor apertura de las autoridades del Estado como de una sociedad más exigente, informada y competente para involucrarse en los asuntos públicos. En 2011 México fue uno de los 8 países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa de colaboración que busca la transparencia, rendición de cuentas y mejora en la capacidad de respuesta de los gobiernos ante sus ciudadanos. El Gobierno Abierto es un enfoque que propone una forma particular de entender los procesos de gobierno, a partir de principios como los de la transparencia y la participación ciudadana. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lanzó en 2015 una iniciativa llamada Gobierno abierto: Co-creación desde lo local, la cual busca implementar ejercicios de gobierno abierto y establecer planes de transparencia en el ámbito estatal. A principios de 2016, 13 entidades federativas (Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Sonora, Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí) se habían sumado al programa.

Sin embargo, existe todavía un déficit de mecanismos que mejoren la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, fomenten la transparencia e incentiven el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, particularmente en los ámbitos estatal y municipal. Por ello, es necesario continuar incentivando prácticas que fomenten la rendición de cuentas y promuevan la participación entre la sociedad y las autoridades para desarrollar soluciones colaborativas a problemas públicos. Entre las principales causas que explican la necesidad de fortalecer la gobernanza participativa en México se encuentran: 1) la falta de información pública de calidad y, 2) una participación de baja intensidad, que se reflejan en 3) una reducida satisfacción con los programas y servicios públicos, como se detalla a continuación.

En relación a la insuficiencia de información pública de calidad, en México existe todavía baja disponibilidad de datos abiertos en materia financiera. Si bien 82.3% de los municipios tienen disponible su plan de desarrollo, este porcentaje se reduce cuando se trata de información sobre finanzas públicas (68.5%) y salarios (70.3%); la cual es esencial para una correcta rendición de cuentas ante los contribuyentes. Respecto a la participación cívica, es destacable la baja intensidad de la ciudadanía, que en el ámbito nacional se refleja en las modalidades de participación política no electoral. De acuerdo al Informe País de Calidad de la Ciudadanía de 2014, la actividad más frecuente de participación fuera de las urnas es platicar con otras personas sobre temas políticos con 39 por ciento, seguido de asistir a reuniones de cabildo, con sólo 12 por ciento.

La falta de información e involucramiento ciudadano se ve reflejada en los niveles de satisfacción con los servicios y programas gubernamentales a nivel nacional. La satisfacción en la provisión de servicios en el ámbito federal es de 65.1% de la población, y este porcentaje disminuye para el ámbito estatal (37.6%) y municipal (38.4%).

Para alcanzar el objetivo, el componente se implementará en apoyo a las estrategias de gobierno abierto del INAI, con la colaboración de tres organizaciones de la sociedad civil (Gesoc, Gobierno Fácil, y ProSociedad Hacer Bien el Bien, A.C), que cuentan con experiencia en la implementación de prácticas de gobierno abierto y rendición de cuentas.