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El papel de las universidades para el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 desde un enfoque de Gobierno Abierto. Autor: Alejandro May Guillén-Fellow de Tabasco

Por Mariana Garcia - Coordinadora del Proyecto de Gobierno Abierto en Apoyo a los ODS hace 3 meses

Las universidades constituyen el nivel más elevado de formación profesional, pero deben representar el espacio más seguro, progresista y de mayor transformación de nuestro entorno, uno que convierta en acción la regla de no dejar a nadie atrás.     

 

 

En 1998 en París, Francia, durante la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, se formuló la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI, la cual establece un conjunto de disposiciones y lineamientos que los Gobiernos de los países firmantes, a través de sus universidades públicas, se comprometían a cumplir. Entre las disposiciones más trascendentes se estableció la ratificación de la Educación Superior como un Derecho Humano, recordando el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto dotaba, por un lado, a la ciudadanía y, en especial, a las y los jóvenes universitarios, de un universo de posibilidades respecto al acceso y permanencia en las universidades; y, por otro lado, establecía el papel que estas debían representar para la sociedad.

 Asimismo, se estableció que las universidades jugarían un papel muy importante en la lucha por la igualdad de género, estableciendo, por ejemplo, que se “requieren más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en el género en la educación superior, tener en cuenta el punto de vista del género en las distintas disciplinas, consolidar la participación cualitativa de las mujeres en todos los niveles y las disciplinas en que están insuficientemente representadas, e incrementar sobre todo su participación activa en la adopción de decisiones”.

 Además, es importante destacar que se impulsó asumir la transparencia como una obligación de las universidades, entendiendo que, al gestionarse con recursos públicos, se debían establecer todos los elementos de rendición de cuentas y transparencia que permitan evaluar su adecuado funcionamiento.

 Finalmente, la Declaración establece que las universidades deberán de “formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y que estén abiertos al mundo, con el objetivo de promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación de los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz”. De esta forma, el estudiantado y las universidades se convierten en la antesala de la generación y fortalecimiento de actores para lograr transformar socialmente nuestro entorno.

 A pesar de estos elementos distintivos, y tras 20 años de esta Declaración, los retos en las universidades siguen siendo de enormes proporciones. Problemas como la corrupción, la violencia de género, y la sostenibilidad financiera merman sensiblemente su objetivo social y las coloca en un alto grado de vulnerabilidad.

 

Las universidades en Tabasco ¿se encuentran en estado de emergencia?

 Tabasco cuenta con 19 Instituciones de Educación Superior públicas, teniendo en cuenta las Universidades Politécnicas, Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas, y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

 El ámbito universitario enfrenta en este palmo de la historia condiciones alarmantes. Por ejemplo, en 2017 el reportaje #LaEstafaMaestra dio a conocer que 5 universidades de Tabasco habían participado en el de desvío de recursos públicos a empresas fantasmas. Las universidades involucradas en los hechos fueron la UJAT, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco; la Universidad Tecnológica; la Universidad Popular de la Chontalpa; y la Universidad Politécnica del Golfo de México. Se estima que entre las cinco se desviaron más de $1,000,000,000 M.N. (Mil millones de pesos).

 Por otro lado, las universidades en Tabasco enfrentan obstáculos en cuanto a su progreso científico y tecnológico, actividad fundamental de la educación superior. En 2018 el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Tabasco (CCYTET) reportó el número más bajo de profesores y profesoras en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) con poco más de 350. Esto es un reflejo de la disminución presupuestal en el estado para este importante sector, pero también, la carencia de visión académica de diversos directores y rectores en estas instituciones.

 Asimismo, la gestión administrativa y operativa de quienes han estado al frente ha significado en diversos casos agravios y afectaciones a la comunidad universitaria. En 2017 se hizo público un proceso de represión a profesores y profesoras del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, en donde el Director General despidió a más 30 trabajadores, entre académicos y administrativos. Fue noticia principalmente porque el Director General era al mismo tiempo Presidente del Consejo Político del Partido de la Revolución Democrática que en ese momento ocupaba la gubernatura del estado de Tabasco. Otro caso similar aconteció en la Universidad Politécnica del Golfo de México, en donde tras un proceso de organización colectiva de profesoras y profesores investigadores para mejorar sus condiciones académicas de la universidad, fueron despedidos por el Rector sin ningún argumento. Ambas universidades estuvieron implicadas en #LaEstafaMaestra y enfrentan actualmente diversas demandas legales por parte de las y los profesores agraviados.

 Finalmente, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco –la más grande del estado con poco más de 30,000 alumnos- enfrenta en estos momentos una situación financiera alarmante que ha generado el retraso sistemático del pago de sus docentes. Por ello, durante tres años consecutivos, profesorado y personal administrativo han salido a las calles en diciembre a bloquear avenidas con el objetivo de hacer pública la situación crítica que vive la universidad.

 Además, los estudiantes han exigido que la dirección de la universidad otorgue la atención necesaria y actúe con respecto a las denuncias públicas sobre acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones. Esto ha generado una crítica importante hacia sus protocolos institucionales de atención a violencia de género, especialmente para las estudiantes afectadas.

 

¿Cómo contribuir a resolver esta situación?

 Ante el escenario planteado, ¿podría el enfoque de Gobierno Abierto contribuir a que las universidades no sólo superen su situación actual, sino que, además, impulsen a la sociedad hacia el cumplimiento de los ODS en México? Nuestra respuesta es: por supuesto. Un elemento fundamental para lograrlo es la participación activa del profesorado y el estudiantado. A continuación, se exponen algunas ideas concretas de cómo lograr este impacto en Tabasco.

 Por ejemplo, para el cumplimiento del ODS 16.-Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas-, específicamente en sus metas 16.5 y 16.6 relacionadas con corrupción y rendición de cuentas, se puede hacer mucho desde las universidades. En primer lugar, es necesario que existan cursos básicos de formación estudiantil en donde se enseñe a las y los alumnos universitarios sobre su Derecho Humano al acceso a la información, y cómo ejercerlo mostrando los procedimientos mediante los cuales pueden pedir datos sobre su propia universidad: ¿Cuánto presupuesto tuvieron el año pasado? ¿Cuántos ingresos propios registraron? ¿Qué calificación tuvieron sus profesores y profesoras en sus respectivos procesos de evaluación? La pura curiosidad podría ser el detonante para ejercer este derecho de forma más sistemática y propositiva.

 Por otro lado, se podría contribuir al ODS 5.-Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas- visibilizando los procesos de reporte y seguimiento a temas de discriminación, acoso sexual y violencia de género al interior de las universidades. Un trabajo muy importante al respecto es el que ha realizado el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de Educación Superior, un esfuerzo compuesto por diversas instituciones educativas, dependencias de gobierno, actores de la sociedad civil y que con la guía de ONU-Mujeres construyó un índice que evalúa 53 variables repartidas en 8 ejes. Estos ejes van desde Corresponsabilidad; Estadísticas; Lenguaje incluyente; Estudios de Género; entre otros. Esto permite tener un diagnóstico actual de las condiciones en materia de género en el entorno universitario, y permite ver que hay avances como la emisión de títulos universitarios en lenguaje femenino o la creación de protocolos de atención a discriminación por género, pero, además, identifica que aún menos del 40% de los puestos directivos en las universidades públicas del país son ocupados por mujeres.

 La realización de protocolos efectivos de prevención, atención y erradicación de violencia de género; realización de estudios periódicos que permitan monitorear la incidencia de violencia de género al interior de las universidades; programas de formación al estudiantado y profesorado en temas de discriminación, acoso sexual y lenguaje incluyente; son algunas de las acciones que pueden realizarse en conjunto con actores y aliados estratégicos, y para las cuales se requerirían relativamente pocos recursos financieros. Recuerdo con estima que en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, al realizar una estancia de investigación, me percaté de que no te permiten ocupar tu espacio como profesor, incluso como visitante, sin antes acreditar que has cubierto su programa institucional sobre prevención y atención de acoso sexual dentro de la universidad. Realizar estas actividades nos podría acercar al cumplimiento de las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de este ODS.

 Finalmente, estos elementos en su conjunto podrán permitir que nos acerquemos a cumplir el ODS 4.-Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos-, en cuya meta 4.3 se establece el acceso a una educación superior de calidad, reiterando así la trascendencia que tiene el entorno universitario dentro de la educación y el progreso mismo de la sociedad.

Salvar a las universidades: un reto de grandes proporciones

 Tabasco se encuentra en una situación de emergencia. No obstante, si actuamos a tiempo, es posible mejorar las condiciones de nuestras universidades. Pero ello no podrá alcanzarse si no hay en ellas un enfoque que empiece a ver a las y los estudiantes universitarios como sujetos de Derechos Humanos. Para ello, es imprescindible la generación de procesos de formación en las universidades que acerque a las y los estudiantes, así como al profesorado, a mecanismos de participación ciudadana que puedan ejercer para mejorar su entorno y cumplir así el objeto social de estas instituciones expresado en la Declaración Mundial: “...formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales”

 

Acciones para mejorar las condiciones de las universidades en Tabasco: el caso del Colectivo Universidades en Emergencia

 Por ello es que, en el Colectivo Universidades en Emergencia, formado por profesores y profesoras de nivel superior en Tabasco, hemos impulsado una discusión que pretende poner en la reflexión pública el papel de transformación social que pueden -y deben- tener las universidades en nuestro país. A partir del análisis de la Declaración Mundial sobre Educación Superior para el Siglo XXI de la UNESCO, se estableció un punto de partida para evaluar las condiciones actuales de las universidades en Tabasco. De este análisis, se elaboró el Informe sobre Despidos y Represión en Instituciones de Educación Superior en Tabasco, publicado en diciembre de 2018, así como el Primer Encuentro Abierto con Estudiantes Universitarios en donde se presentaron y documentaron retos de diferentes universidades en Tabasco.

 Más recientemente la necesidad de discutir públicamente este tema se constató en el Conversatorio “La Educación Superior como Derecho Humano” llevado a cabo en febrero de este año en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Villahermosa, Tabasco. Hoy se plantea la necesidad de generar procesos de formación en materia de Derechos Humanos para el estudiantado y profesorado, pero además, complementarlos con mecanismos de empoderamiento en materia de participación ciudadana y gobierno abierto orientados a procurar el bien común. Este Conversatorio contó con la presencia del Lic. Luis Alberto Mora García, Coordinador Técnico de la Subsecretaría de Educación Pública; el estudiante de noveno semestre de Geofísica, Luis Santiago Romero Angulo; y un servidor en representación del Colectivo Universidades en Emergencia. Es importante resaltar que de esta reunión se derivó la invitación a participar en el Foro de Consulta Popular en Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte en donde hemos propuesto articular como política pública la formación en Derechos Humanos a nivel de educación superior antes mencionada. Además, hemos propuesto la capacitación universal en temas de violencia de género, acoso sexual y hostigamiento sexual al alumnado, profesorado y personal administrativo en las universidades de Tabasco. Lo aquí vertido alimentará el diseño del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Tabasco 2019 – 2024.

 Evidentemente uno de los retos, junto al Gobierno, es que estas estrategias se diseñen e implementen desde una perspectiva de co-creación y participación activa. Afirmamos que es importante realizar un diagnóstico más preciso y cuantificable de las condiciones actuales de las universidades y con ello, contribuir aún más a la construcción de políticas públicas para su mejora.

 Mi papel como Agente Local de Cambio ha tenido un impacto destacable gracias a las capacidades que adquirí durante el Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible. Esto me ha permitido poder compartir con las y los profesores los procesos de acceso a la información pública, formas de colocar temas en la agenda pública, mecanismos de evaluación de procesos de incidencia, entre otros aspectos. No es poca cosa afirmar que este proceso de incidencia pública no sería el que hoy se relata aquí sin los conocimientos y habilidades adquiridas en este importante programa de formación. Su contenido llevado a la práctica permitió enlazar dos eslabones fundamentales de nuestra sociedad y de gran aprecio personal: la participación ciudadana y las universidades.

 Y es que después de todo, las universidades constituyen el nivel más elevado de formación profesional, pero deben representar el espacio más seguro, progresista y de mayor transformación de nuestro entorno, uno que convierta en acción la regla de no dejar a nadie atrás.  

  

Referencias

 1.- Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. UNESCO (1998). Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa

 2.- Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (UNIGIES). Disponible en http://observatorio.cieg.unam.mx/

 3.- UNAM (28 de noviembre de 2018) Presentan en la UNAM avances del Observatorio Nacional para la igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior. Disponible en http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_801.html